Para la Plataforma del Tercer Sector la aprobación de esta medida serviría al fomento de la cohesión social, además de suponer un “avance importante” en la eliminación de desigualdades a la hora de acceder a un empleo, especialmente para las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social.

 

Dicha proposición de ley, que se debatirá el próximo martes en el Congreso, plantea, entre otras cuestiones, que se modifique el texto de la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que, para la adjudicación de contratos públicos y para la concesión de subvenciones, se establezca como requisito que las empresas beneficiarias acrediten previamente el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad o hayan adoptado las medidas alternativas correspondientes.

 

La Plataforma del Tercer Sector ha pedido, así, el respaldo de todos los grupos parlamentarios a esta iniciativa legislativa. A su juicio, es necesario que la Administración contribuya también, a través de la contratación pública, a la consecución de objetivos sociales y ayude a construir un modelo de sociedad mejor en el que toda la ciudadanía se sienta completamente integrada.

 

 

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.

 

Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE),  Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).